¿Qué cabe entender por espacio público? De entrada, espacio público podría ser una forma de referirnos a los espacios colectivos de una trama urbana: calle, plaza, vestíbulo, andén, playa, parque..., entornos abiertos y accesibles sin excepción en que todos los presentes miran y se dan a mirar unos a otros, en que se producen todo tipo de agenciamientos, unos microscópicos, otros tumultuosos; a veces armoniosos, a veces polémicos. Ese espacio sólo existe como resultado de los transcursos que no dejan de atravesarlo y agitarlo y que, haciéndolo, lo dotan de valor tanto práctico como simbólico. En tanto espacio de todos, no podría ser objeto de posesión, pero sí de apropiación. Apropiarse de una cosa no es poseerla, sino reconocerla como propia, en el sentido de apropiada, es decir apta o adecuada para algo. Por ello –al menos conceptualmente– la calle o la plaza, en tanto que espacios públicos, no pueden conocer sino usuarios, es decir, individuos que se apropian de ellas en tanto que las usan y sólo mientras lo hacen. Ahora bien, ese principio de libre accesibilidad, del que depende la realización de la naturaleza de ese espacio en tanto que público, se ve matizado en la medida en que quienes se arrogan su titularidad –la Administración, que entiende lo público como lo que le pertenece– puede considerar inaceptables e inadecuados –es decir inapropiados– ciertos usos que no se adecuan a sus expectativas de modelación de lo que deberían ser los escenarios sociales por excelencia.

Eso tiene que ver, a su vez, con otras acepciones de la categoría espacio público. Así, para el urbanismo oficial, espacio público remite a un vacío entre construcciones que hay que llenar de forma adecuada a los objetivos de promotores y autoridades, que suelen ser los mismos, por cierto. En este caso, se trata de una comarca sobre la que intervenir y que intervenir, un ámbito que organizar en orden a que quede garantizada la buena fluidez entre puntos, los usos adecuados, los significados deseables, un espacio aseado y bien peinado que deberá servir para que las construcciones-negocio o los edificios oficiales frente a los que se extiende vean garantizada la previsibilidad de sus apropiaciones. No en vano la noción de espacio público se puso de moda entre los planificadores sobre todo a partir de las grandes iniciativas de reconversión de centros urbanos, como una contribución teórica al objetivo de hacerlas apetecibles para la especulación, el turismo y las demandas institucionales en materia de legitimidad.

En paralelo a esa idea de espacio público como complemento sosegado para los grandes festines urbanísticos, hemos visto prodigarse otro discurso también centrado en ese mismo concepto, pero de más amplio espectro. En este caso, el espacio público pasa a concebirse como la realización de un valor ideológico, lugar en que se materializan diversas categorías abstractas como democracia, ciudadanía, convivencia, civismo, consenso y otras supersticiones políticas contemporáneas, proscenio en que se desearía ver deslizarse una ordenada masa de seres libres e iguales, que, inmaculados, emplean ese espacio para ir y venir de trabajar o de consumir y que, en sus ratos libres, pasean despreocupados por un paraíso de cortesía. Por descontado que en ese territorio cualquier presencia indeseable es rápidamente exorcizada y corresponde expulsar a cualquier ser humano que no sea capaz de mostrar modales de clase media.
Ni la promoción publicitaria ni la proliferación de «espacios de calidad» significaron la pacificación de unas calles a las que no les quedaba más remedio que ser escenario de las nuevas y viejas formas de miseria urbana, de una inclinación al desacato casi vernáculo en Barcelona o de las inevitables expresiones de desbarajuste que la vida urbana no puede dejar de producir. Y fue así que en lugar de la amable arcadia de civilidad y civismo en que debía haberse convertido la ciudad según lo planeado, lo que se mantuvo a flote, en la superficie, a la vista de todos, fueron las pruebas de que la desigualdad, la exclusión, la anomia e incluso la violencia continuaban siendo ingredientes consustanciales a la existencia de una gran ciudad capitalista. No se pudieron disimular bolsas crecientes de ingobernabilidad, nutridas por las nuevas «clases peligrosas», aquellas que el nuevo higienismo social, como el del siglo xix, clama por ver neutralizadas, expulsadas o sometidas a toda costa: los jóvenes insumisos, los drogadictos, las prostitutas, los mendigos, los inmigrantes. La decepción de las expectativas de constituir una ciudad en que se escenificaba el triunfo final de las clases medias, el espectáculo de un desastre social que no hacía sino intensificarse, era lo que escandalizaba a unos segmentos sociales que veían que su sueño de recuperar Barcelona para su utopía civil se desvanecía, al tiempo que peligraban las perspectivas abiertas para la promoción inmobiliaria, comercial y turística de la ciudad.

La situación era inaceptable y era indispensable una actuación enérgica que «limpiara» los exteriores urbanos de presencias y conductas inconvenientes y que lo hiciera por la vía normativa y policial. Fue ese clima de «ley y orden» lo que llevó a las autoridades municipales barcelonesas a la aprobación urgente de una legislación especial que se presentó en el otoño de 2005: la «Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadanas en el espacio público de Barcelona», destinada a «preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo», pomposidad retórica que servía para disimular el establecimiento de un estado de excepción o incluso de un toque de queda para los sectores más estigmatizados de la sociedad.
Se trataba de generar un auténtico entorno intimidatorio con los sectores más vulnerables y más ya habitualmente vulnerados de la población. Todo ello con la función de disciplinar esa vida pública en la que no había sido posible mantener a raya las expresiones de desafecto e ingobernabilidad, ni de camuflar la pobreza y la marginación social. Las mismas autoridades que hacían la vista gorda, protegían o protagonizaban actuaciones urbanísticas o inmobiliarias depredadoras y destructivas –casi siempre del todo legales– se ensañaban con «la práctica de juegos en el espacio público», «limpiarse o bañarse en las fuentes», «utilizar los bancos públicos para usos diferentes a los indicados»... El resultado de lo que no era otra cosa que una versión posmoderna de la franquista Ley de vagos y maleantes no podía ser más significativo de quienes consideran nuestras autoridades que son los enemigos públicos números uno del ciudadano. En un documento interno de enero de 2007, la Guardia Urbana informaba que las denuncias recibidas desde el momento de aplicación de la Ordenanza, un año antes, aumentaron de 60 a 838 por lo que respecta a «actividades que adoptan la forma de mendicidad», de 83 a 4.280 por «servicios sexuales», de 350 a 10.340 en el apartado de «pintadas y carteles», de 312 a 8.369 en el de «consumo de bebidas alcohólicas» y de 256 a 17.334 en el de «venta ambulante».

Así, en Barcelona, la población de mendigos sin techo se ha mantenido estable en las últimas décadas, como expresión de los que se da en llamar nueva pobreza urbana. Según los datos del Anuari Estadístic de Barcelona 2006, se ha venido produciendo un aumento constante en el número de personas atendidas por la asistencia social, que aquel año fue de 2.874 usuarios. A los sin techo «tradicionales» se le han venido a añadir los procedentes de la inmigración. Las personas inmigradas atendidas por los servicios sociales municipales habían pasado de 1.796 en 1997 a 6.430 en 2001. Se trata de personas recién llegadas a Barcelona, que no cuentan con parientes o amigos en condiciones de prestarles albergue. Tampoco pueden acceder a un establecimiento hotelero, en primer lugar, porque el Plan de usos de Ciutat Vella de 1988 llevó a la desaparición a más de doscientas pensiones asequibles, que ofrecían más de cuatro mil camas en el centro urbano de Barcelona. Las pocas pensiones que han sobrevivido están orientadas al turismo de recursos escasos y joven, y sus precios resultan prohibitivos para los inmigrantes pobres. Además, estos establecimientos tampoco les son accesibles por su propia condición de «ilegales». Tampoco tienen acceso a los albergues municipales, que, para atenderlos, les exigen estar empadronados.

Por todo ello, el último recurso es dormir en la calle, como homeless provisionales, pero hacerlo formando auténticos asentamientos colectivos que alivien la desprotección a que se verían sometidos durmiendo solos, a merced de los ataques de gamberros o skins o de las incursiones de la policía. Se generan entonces auténticos campamentos de inmigrantes que pueden apropiarse de espacios abandonados, como ocurrió durante meses –y hasta febrero de 2003, en que fueron desalojados– con los cuatrocientos inmigrantes que habían improvisado un verdadero poblado en los antiguos cuarteles militares de Torres i Bages, en el barrio de Sant Andreu. Otros asentamientos parecidos se levantaban en los antiguos terrenos de Renfe en La Sagrera, en el Pont del Treball, en el mismo escenario de lo que había sido uno de los barrios de barracas más importantes de Barcelona: La Perona. Son familias enteras de chilenos, georgianos, búlgaros y también españoles pobres. La organización solidaria no impidió que la policía llevara a cabo razzias, como la que causó la detención el 14 de diciembre de 2002 de cuarenta y cuatro personas en el asentamiento de Sant Andreu, acusadas de estancia ilegal en el país. La operación fue presentada como un «control rutinario de documentación». Más tarde, en los primeros días de 2007, una actuación parecida se produjo en las viviendas abandonas del complejo industrial de Can Fabra, también en Sant Andreu, de donde fueron expulsados –algunos detenidos– sus ocupantes: sesenta y nueve personas –veinte de ellas niños y niñas– de ocho nacionalidades.

El caso más espectacular y más emblemático de los producidos en Barcelona por este tipo de campamentos de inmigrantes sin papeles se conoció en un amplio periodo, entre enero de 1999 y agosto de 2001. Lo protagonizaron unos ciento treinta senegaleses, gambianos, nigerianos y cameruneses, que ocuparon uno de los rincones de la Plaza de Cataluña, en pleno centro de la ciudad. En lo que se dio en llamar la black corner, estos inmigrantes –todos ellos varones– mantenían un punto de reunión permanente, que se convertía en dormitorio de noche. Descansaban en los bancos de piedra, siempre sentados, porque la Guardia Urbana les prohibía acostarse en nombre de las normativas municipales. Por las mañanas, se aseaban en las fuentes públicas de la propia plaza. Todos esos inmigrantes al raso fueron expulsados del centro de la ciudad y acabaron concentrándose en la Plaza André Malraux, en el barrio de Fort Pienc, donde constituyeron un campamento de casi dos centenares de personas. El 16 de agosto de 2001 la policía se abalanzaba por sorpresa sobre los acampados y capturaba –en una alucinante cacería que duró varias horas– a ciento sesenta de ellos, deteniéndolos, trasladándolos al infame centro de detención de La Verneda y deportando finalmente a un buen número de ellos.
Lo mismo valdría para las mujeres de las esquinas. La preocupación de las autoridades por el problema de la prostitución y todas sus derivaciones no se ha traducido en actuaciones de apoyo a esa forma específica de explotación humana, sino a la persecución de sus víctimas. En este caso, el agravio contra esas mujeres se multiplica cuando las afectadas añaden a su estigma profesional el de ser inmigrantes. Entonces, el abandono puede ser absoluto, incluso por parte de las asociaciones bienhechoras de atención a los extranjeros desvalidos. Si en el caso de los inmigrantes sin papeles detenidos en masa en la Plaza André Malraux se suscitó un cierto movimiento de solidaridad, una operación similar, que tuvo como víctimas poco después a casi una cincuentena de prostitutas negroafricanas que trabajaban en la parte baja de las Ramblas, no motivó ningún tipo de protesta y apenas fue recogido por la prensa. El espectacular operativo policial para «limpiar» de putas la Ronda Sant Antoni una madrugada de enero de 2006 implicó la detención y posterior expulsión del país de decenas de ellas, la mayoría de origen rumano.

Más allá de esas actuaciones concretas, las políticas urbanísticas e inmobiliarias que están transformando el casco antiguo de la ciudad consisten en justificar el cambio de nombre del propio barrio. Conseguir que llegue a ser el Raval y deje de ser para siempre el Barrio Chino pasa por ir cerrando uno a uno los locales que centraban en o en torno suyo la prostitución de calle tradicional en Barcelona, ejercida de forma creciente por inmigrantes de origen africano o euroriental. Obligándolas a desaparecer de aquel entorno puesto en venta, se habría logrado al mismo tiempo que esas mujeres entendieran de una vez por todas que la prostituta autónoma –que las hay– y el chulo son personajes del pasado, antiguallas que deben dejar paso al moderno empresariado de las industrias cárnicas humanas, plenamente integrado en la lógica de las grandes superficies y del trabajo en red. Curiosa forma esta de luchar contra la explotación sexual la de asediar y castigar a las explotadas.

En realidad, los extranjeros pobres son, todo ellos, sistemáticamente acusados de prácticas «incívicas». Ambas imágenes suelen mezclarse en las denuncias por «incivismo» contra jóvenes de otros países que se imaginan permanentemente borrachos o drogados, ya sean nuevos nómadas –los travellers, que viven de la venta de artesanía o de la mendicidad– o turistas pobres –«de mochila»–. En paralelo, los pakistaníes suelen ser vinculados a la venta ilegal de cerveza. Los magrebíes y negroafricanos son desde hace años asociados con el tráfico de drogas y la pequeña delincuencia de calle; los latinoamericanos de rasgos amerindios –peruanos, bolivianos, ecuatorianos– son sistemáticamente expulsados de las parcelas de espacio público que convierten en lugares en los que jugar al fútbol, merendar o simplemente charlar con los paisanos. Los dominicanos son encontrados culpables de «hacer ruido» y escuchar la música demasiado alta. A los inmigrantes de procedencia china se les reprocha sus poco higiénicas conductas en el espacio público, sobre todo por su supuesta costumbre de escupir en el suelo. La presencia de europeos del Este incomoda por la asociación que el imaginario local establece entre ellos y la delincuencia. En cambio, un grueso de comportamientos inaceptables –orinar en la calle, impedir el descanso de los vecinos, etc.– está protagonizado por jóvenes que ni son compendiados como problemáticos ni por su radicalidad ni como inmigrantes, a pesar de ser de otras nacionalidades. Se trata de turistas nada marginales ni pobres y de estudiantes procedentes de países ricos, que conforman una nueva clase formada por jóvenes endogámicos, que se mueve en ambientes de ocio casi exclusivo y que, a pesar de la alta visibilización de sus conductas, casi nunca se hace objeto de consideraciones negativas de «incivilidad».

Todo ello se vuelve a combinar en el discurso oficial con lo que el alcalde Joan Clos llamó «fiestas ingobernables». Hace tiempo que los espacios festivos no son capaces de cumplir con la misión que se les tiene encomendada, que es la de constituirse en ámbitos felices de cohesión social. Y es que la fiesta continúa siendo en Barcelona lo que siempre ha sido, un territorio en que la condición crónicamente problemática de la vida social encuentra una oportunidad para expresarse. Es en ese orden de cosas que conviene recordar cómo la ciudad ha vivido en los últimos años una creciente monitorización de las actividades públicas, que sólo son autorizadas si son controlables policialmente y resultan política o económicamente rentables. Ese afán por controlar la actividad colectiva en exteriores urbanos se ha traducido en acoso a todo lo que desborde los mapas mentales del Ayuntamiento. Los intentos oficiales por celebrar de manera «cívica» la Nochevieja han fracasado y, de hecho, a diferencia de lo que ocurre en tantas ciudades, no existe ninguna convocatoria central para seguir las doce campanadas del cambio de año. Los poderes municipales mantienen desde hace décadas un contencioso con un Carnaval que se resiste a convertirse en una fiesta de diseño más y, de hecho, también han renunciado a mantener su celebración como acto festivo oficial. La noche de San Juan –una multitud innumerable agitándose en todas direcciones o acumulándose en las playas– ha acabado convirtiéndose en una pesadilla para las autoridades. Fiestas de barrio como las de Sants o Gràcia están siendo afrontadas como una cuestión de orden público, puesto que no hay edición que no acarree disturbios, algunos tan graves como los de 2005, con el resultado de un joven muerto.

Pero el llamado «aumento del incivismo» no es el resultado de un excesivo índice de libertad, sino todo lo contrario. No puede desligarse de una desconfianza frontal ante cualquier apropiación del espacio público no fiscalizable o que no rinda beneficios y de la hostilidad contra las puestas en escena de los descontentos que toda sociedad no puede dejar de producir. Inmediatamente después de la aprobación de la ordenanza municipal para disciplinar a la ciudadanía –a principios de 2006– se produjeron tres grandes estallidos de violencia colectiva, el primero en marzo, como consecuencia de una convocatoria para beber en la calle de manera masiva –el llamado «botellón»–, que acabó con el barrio del Raval poco menos que en llamas, y otros dos en mayo, con motivo de victorias del F.C. Barcelona. En octubre de 2006, una protesta contra los planes inmobiliarios para el barrio de la Ribera acabó con graves disturbios ante –cabe decir más bien contra– el Macba, considerado simbólicamente «culpable» de los desmanes urbanísticos cometidos en nombre de la «cultura». La gravedad de los hechos provocó la suspensión de la cumbre europea de ministros de vivienda que debía celebrarse en la ciudad pocas semanas después. Por último, en noviembre de 2007, la expresión de rabia de cientos de jóvenes contestatarios que se expresaban contra el acoso de que eran víctimas por parte de la policía y los grupos de extrema derecha, se tradujo en importantes enfrentamientos, incluyendo el asedio a la sede de la Consejería de Interior del gobierno catalán. En los últimos años, en efecto, se ha venido produciendo un incesante asedio contra los movimientos de crítica radical del sistema capitalista, que, desde el aparatoso desalojo del Cine Princesa en el otoño de 1996 hasta finales del 2006, se había traducido en casi dos mil detenciones de motivación política en Barcelona.

A todo lo expuesto hasta aquí cabría añadir toda la retahíla de «impresentables», cuya presencia en la calle debe ser evitada o sometida a control. Las mismas autoridades que se muestran complacientes con la depredación capitalista de la ciudad, se muestran inflexibles con cualquier expresión externa de fealdad, pobreza o injusticia, o incluso de simple espontaneidad humana. Generadores de ruido o contaminadores visuales mucho menos dañinos que otros, ven toleradas, protegidas e incluso subvencionadas sus prácticas desfiguradoras de la ciudad porque pagan impuestos o generan beneficios. En cambio, ninguna tolerancia no sólo con las mujeres de las esquinas, los vagabundos, los inmigrantes, los mendigos, los «radicales»..., sino también con los patinadores, los skaters, los ciclistas, los vendedores ambulantes, los músicos y los artistas callejeros, las estatuas vivientes..., cualquiera que sea sorprendido viviendo de o en la calle o que no cuente con los preceptivos permisos para ser libre. Todos ellos pasan a engrosar la lista de ciudadanos desviados o indignos hacia los que desviar el malestar social y hacer culpables de los males que sufre la ciudad. Lógica punitiva sorprendente por parte de un gobierno de izquierdas, que en lugar de erradicar la pobreza la persigue. He ahí la evidencia: lo que se da en llamar incivismo no es otra cosa que la afloración de realidades sociales que se niegan a esconderse, al tiempo que confirmación de que el desorden social o la creatividad humana no han sido todavía derrotados por el virtuosismo y la «buena educación» burguesa.